Es cierto que por imperativo constitucional y mandato legal la sentencia judicial sólo tiene efectos respecto de las partes (art. 1051 C.C.), siendo en principio, inoponible a los terceros. Consecuentemente, en este caso, deben quedar fuera de sus alcances los terceros de buena fe que confiaron en la apariencia del funcionamiento sin vicios de la asamblea luego anulada. En tal sentido, es tercero toda persona ajena a la sociedad que teniendo como base el acuerdo impugnado haya mantenido relaciones jurídicas con la sociedad, descartando de ese concepto a quienes ostentan derechos surgidos del acuerdo mismo. Dicho carácter, no lo tiene en ningún caso el accionista. Pero aunque por hipótesis se admitiera la posición de que por vía del acuerdo de suscripción, los accionistas adquieren el carácter de terceros, la solución tampoco variaría, por cuanto no podrían ser considerados terceros de buena fe. En efecto, el concepto de buena fe responde al conocimiento que se haya tenido (o debía haberse tenido en razón de la posición o responsabilidad que se tenga) del vicio invalidante.
(Fuente: Suprema Corte de Justicia de Mendoza, 06-04-1999, autos nº 61931, Ubicación: LS287 - Fs.041)
